Ante el desorden cambiario y la mala praxis gubernamental en Venezuela

Los responsables de formular políticas económicas en Venezuela, continúan mostrando la más grande ignorancia en materia económica, como lo es el intento de amordazar el mercado desde el control de variables resultado.

La tasa de cambio es una variable resultado de la buena o mala gestión de la política económica del Gobierno, no se la puede controlar de manera directa, decretando su valor. El mercado de divisas bajo esquemas de control cambiario da lugar a mercados negros. El desorden cambiario no tiene otro responsable que el Gobierno.

La fijación del valor de transacción de cualquier mercancía depende de su escasez relativa, cualquier intento por fijar el precio, lejos de controlarlo lo hace difuso dando como resultado un valor superior al existente en un mercado libre y sin trabas.

El gobierno pretende que quienes buscan asegurar las operaciones de las empresas, registren como referencia de costo un valor diferente al que realmente les ha costado proveerse para importar. Es de una ignorancia supina pretender que se pueda sostener una empresa que esté obligada a vender sus productos por debajo del costo.

¿Qué debería hacer un Gobierno con un mínimo de sensatez?

Primero, unificar el mercado de divisas con un valor cercano al deterioro del Índice de Nacional de Precios, ajustado por el Índice de Precios Ponderado de los países con quienes se tiene el mayor valor de comercio internacional, tomando como base el año mas reciente durante el cual el tipo de cambio fue libre.

Segundo, permitir un mercado legítimo y libre de divisas, en el cual participaría el BCV ofertando y comprando divisas para evitar fluctuaciones extremas en ese mercado.

Tercero, suministrar toda la información estadística sobre la economía venezolana, desde el Índice Nacional de Precios al Consumidor, Balanza de Pagos hasta la de los detalles de las Cuentas Nacionales

Cuarto, influir indirectamente sobre todos los mercados (de cambios, de precios de bienes y servicios, monetarios y laborales) a través de política económica con evaluación previa de impacto regulatorio, es decir que no de lugar a incentivos perversos por asimetrías de información o por actuación interesada de los administradores de la política económica.

Quinto, procurar el fortalecimiento institucional del país asegurando la existencia de poderes públicos independientes, autónomos y legítimos. En el caso del poder ejecutivo garantizando la no perpetuación en el poder de presidente y gabinete.