Regulaciones y corrupción como temas del poder legislativo
"Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor...!No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualao... Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón.!" Enrique Santos Discepolo
Hemos venido ofreciendo argumentos sobre la necesidad de situar como factor crucial para la reinstitucionalización del país, el impulso desde el poder legislativo a la autonomía, la independencia, la legitimidad y la transitoriedad (no perpetuidad) de los otros poderes públicos.
La mejor manera de limitar la fragilidad de la democracia venezolana es crear una sólida institucionalidad que evite de manera concluyente el secuestro de la autonomía, la independencia, la legitimidad y la transitoriedad de los poderes públicos. Es la condición necesaria para que existan contrapesos que reduzcan al mínimo la corrupción en todas sus variantes. La debilidad institucional es el medio por excelencia del socialismo del siglo XXI para la destrucción de la ciudadanía y la extorsión política de la sociedad.
La condición suficiente para el reforzamiento de la anti-fragilidad de la democracia venezolana se centra en la aprobación de una Ley de Evaluación de Impacto Regulatorio que lleve a su mínima expresión los vicios de los males públicos derivados de políticas públicas que promueven el uso de información privilegiada por parte de los funcionarios públicos, la propagación de incentivos perversos y el uso de los recursos de la nación en favor de parcialidades políticas, ideológicas, grupales e incluso individuales.
Hay que constituir un marco descriptivo sobre las fuentes de las regulaciones gubernamentales, las atinentes al gasto público, las que afectan al mercado y a la vida económica.
Las fuentes de las regulaciones gubernamentales
Las regulaciones gubernamentales se han transformado en un problema con la aparición de los siguientes eventos:
- La gran expansión del gasto público,
- La formación de grandes empresas públicas,
- El fortalecimiento de la adjudicación de obras públicas,
- La regulación del mercado y la mayor injerencia del Estado en la vida económica.
Las regulaciones atinentes al gasto público
Los tres primeros acápites (1, 2 y 3) las llamaremos regulaciones corrientes, ellas dan lugar a la necesidad de:
- Formular los trámites burocráticos de las transacciones que realiza,
- Investigar a los proveedores y a los contratistas,
- Diseñar de las condiciones de las licitaciones,
- Llevar a cabo las negociaciones para asegurar la eficiencia del mercado,
- Establecer una estructura de control de las respectivas prestaciones de obligaciones de las partes.
Las actividades gubernamentales suponen costos para determinar si el bien requerido está disponible en el mercado, quién tiene el menor precio, incluyendo la prospección, la comparación de la relación calidad/precio de las diferentes prestaciones propuestas, los estudios de mercado y otros relacionados.
También se incurre costos inevitables para llegar a un acuerdo aceptable con la otra parte de la transacción, como la redacción de un contrato apropiado. Es necesario asegurar que cada parte mantenga los términos del contrato y tomar acciones apropiadas si no se logra este cometido. Estos controles involucran el control de calidad de la prestación y la verificación de la entrega.
Este tipo de regulación en la medida que los procesos no se optimizan y simplifican se constituyen en fuente de corrupción cuando los trámites para administrar una transacción gubernamental son de difícil cumplimiento y los responsables de administrar tienen poder discrecional, pobre calificación y baja remuneración.
Las regulaciones sobre el mercado y la vida económica
Pero el tipo de regulación que más daño causa es la que proviene de los males públicos derivados de un incorrecto diseño de las políticas económicas gubernamentales, en este ámbito se identifican las que pretenden controlar los mercados a través de las variables resultado, como son los precios de bienes y servicios, tasa de cambio, salarios, costos e intereses. Este tipo de regulación es la que más trastornos causa en el desarrollo de un país, porque otorga a quien administra información privilegiada y capacidad para decidir en favor de sus intereses y no de los fines de la norma. Son los que dan lugar a la asfixia regulatoria.
Mientras no comprendamos que la asfixia regulatoria hace un buen servicio al corrupto, en la medida que cualquier acto, por virtuoso que sea, es prácticamente imposible de lograr a menos que pagues, mientras esto no se comprenda seremos unos tontos útiles. Y diremos celestinamente: “no estamos en Suiza, cómete la luz”.
De todas las corruptelas de esta naturaleza, la peor es la política pues el que formula la norma, lo hace para aprovecharse ventajosamente del poder y así imponer su ideología por vía no democrática. En nuestro medio la banalización de la asfixia regulatoria es tan intensa, que no vemos como se dilapidan tantos recursos, a través del uso indebido de los recursos de la nación.
Incluso cuando se ve propaganda política y se analiza la forma como se hacen campañas electorales, es fácil concluir como un proceso cuyo costo pudo ser la colecta voluntaria y la participación de los seguidores, se transforma en un negocio bien lucrativo, producto de las tantas cosas que hay que cumplir para hacerlo, una campaña de Bs. 3.000.000 puede transformarse en un lucrativo negocio de 120.000 $ USD. Un “Santo de Capilla”, al margen de la ley, perdiendo una elección gana.
Surge de este modo una subcultura de tolerancia e indulgencia hacia la corrupción, de falta de conciencia cívica y de desmotivación social para la observancia de las leyes, dando origen a una predisposición hacia el delito, cada vez que se presente la oportunidad y sea mínimo el riesgo de ser descubierto y penalizado.
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